Alud de Tartagal, polémica por destino de fondos oficiales

Salta - Al cumplirse un año de la tragedia, los vecinos denunciaron que aún no recibieron lo prometido, aunque ya se invirtieron 63 millones de pesos. A pesar de las críticas, las autoridades provinciales destacaron la ayuda que brindaron a los damnificados.

A un año del alud que destruyó a la ciudad  salteña de Tartagal el Gobierno de la provincia y un grupo de vecinos de la zona limítrofe con Bolivia polemizaron sobre el destino de la ayuda oficial tras el desastre ambiental.

De hecho, fuentes oficiales aseguraron ayer que la Nación y la Provincia de Salta invirtieron más de 63 millones de pesos -entre subsidios y obras de infraestructura- en la reconstrucción de Tartagal, desde donde sin embargo surgieron voces críticas a ambos gobiernos.
El alud que barrió gran parte de las casas de Tartagal conmocionó hace un año a la Argentina, a tal punto que la presidenta Cristina Kirchner viajó a la zona para interiorizarse personalmente de la situación.
 
Entre aquel desastre y el presente, la ayuda desembarcó en la ciudad: en el balance oficial se señaló que "se asistió a un total de 933 familias, 798 de las cuales recibieron subsidios de entre mil y diez mil pesos para la reposición de bienes muebles".

No obstante los anuncios hechos entonces y ahora, diversos medios registraron un descontento en la población porque hasta el momento se entregaron 130 viviendas, es decir un 20 por ciento de las que se habían proyectado para asistir a quienes perdieron sus casas por culpa del alud provocado por la crecida del río Tartagal.

"Con el alud proliferaron las empresas de todo tipo y el dinero se perdió en el camino", expresó Erich Kayssner, vecino cuya casa fue la primera en ser inundada en la mañana del 8 de febrero de 2009.

Según se indicó, la emergencia acarreó beneficios principalmente a agrupaciones piqueteras que armaron cooperativas para realizar trabajos en las casas, en muchos casos de "dudosa calidad".

En el mismo sentido, fue presentada una denuncia contra el intendente Sergio Leavy, al considerarlo "jefe de una asociación ilícita que habría extraído fondos públicos para beneficio personal", indicó a la prensa local.
 
Ante la andanada de críticas, el gobierno salteño informó que la Nación y la Provincia concretaron una "inversión histórica" en obras por 63.542.192,67 de pesos en la ciudad, "buscando fundamentalmente recuperar la dignidad de esos cientos de salteños".

El monto fue definido como la "inversión más importante de la historia" para Tartagal, según expresó el gobernador provincial, el justicialista Juan Manuel Urtubey.
El ministro de Gobierno, Pablo Kosiner, calificó de "muy importante" la respuesta que dieron a los damnificados.

"En forma inmediata", el Instituto Provincial de Vivienda adjudicó unidades que habían construido en Tartagal, "y entregó 130 casas nuevas a las familias que la habían perdido completamente", afirmó.

En las semanas posteriores al alud asistieron a las 933 familias afectadas en forma directa, de las cuales 526 habitaban las zonas de alta criticidad.

“Mi casa quedó destrozada por culpa del alud y los arreglos los tuve que pagar de mi bolsillo. No recibí un peso de todo el dinero que mandó el gobierno nacional”, denuncia resignado Marcelo Pecho, uno de los diez mil damnificados por la intensa corriente de agua y barro que azotó la ciudad salteña de Tartagal un año atrás.

El caso de Marcelo no es una excepción. Así como él debió invertir cerca de tres mil pesos en un plomero para que arreglara una cloaca tapada y le reconstruyera el baño entero, decenas de damnificados demostraron pérdidas millonarias y tampoco recibieron ayuda oficial.

El fenómeno ocurrió en la mañana del 9 de febrero de 2009, cuando el río Tartagal se salió de su cauce, volcó un antiguo puente ferroviario, destruyó locales y casas y se llevó la vida de dos mujeres que habían quedado atrapadas en la avalancha de lodo.

Sergio Paredi tiene 55 años y es ingeniero en electrónica. Unos meses antes del alud, había inaugurado un local donde vendía y reparaba equipos electrónicos. El negocio estaba ubicado en la avenida 20 de Febrero, pegado al cauce donde comienza el río Tartagal. “El barro dentro del local llegaba a un metro ochenta de alto. Me despedazó muebles, instrumental y mucha mercadería. Perdí cerca de un millón de pesos, sin contar el lucro cesante”, dice Paredi con resignación, aunque anticipa que iniciará una demanda contra la municipalidad.
El empresario consiguió que unos amigos le prestaran un local en otra zona de Tartagal y empezó de nuevo, manteniendo los 13 empleados que había contratado en el arranque. “Hace veinte días volví al negocio de la avenida. Hice reparaciones durante todo el año con recursos propios porque, a pesar de reiterados reclamos, no he recibido ayuda de nadie. Estoy tratando de salir adelante”, se convence.

Cuando el año pasado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner visitó la zona del desastre, diagnosticó que el problema residía en “la pobreza estructural” de Tartagal. Enseguida anunció que destinaría 159 millones de pesos para la reconstrucción de la ciudad. “En los últimos 12 meses, esta ciudad recibió la mayor inversión de su historia, pero falta mucho por hacer”, reconoció el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. El municipio destinó el dinero a levantar 800 viviendas, construir redes cloacales y pavimentar algunas calles, pero los vecinos aseguran que la distribución de esa ayuda fue desigual. Los fondos de inversión fueron entregados a distintas ONG y cooperativas de desocupados, algunas de las cuales fueron denunciadas ante la Justicia por usar el dinero con fines clientelistas.

“Hemos decidido firmar la conformidad para que se termine el tema, pero todos los trabajos están mal hechos o a medio terminar”, asegura Elda Cartaman, vecina del barrio Santamaría. “Nadie vino a ver la obra terminada, nadie nos presta atención. Las refacciones tendrían que haber quedado a cargo de cada propietario”, sostiene.

También hay vecinos que se resignaron a salir de sus barrios después de sufrir la destrucción total de sus viviendas pero se encontraron con que las casas que les otorgó el municipio sufren inundaciones. “Nos obligaron a abandonar nuestra casa, que la construimos con mucho sacrificio, para tirarnos acá, en este rancho del barrio Santamaría 2.
Fuente: La Mañana Nq/NuevoDiario S/ Tartagal noticias/redacción